MEMORIAS DE LA DOSIS PERSONAL: LA ATRACCIÓN DE LO PROHIBIDO

 El hombre nace libre y responsable.

Jean Paul Sartre

Karla Melo

El expresidente, Álvaro Uribe Vélez, mediante el acto legislativo 285 de 2009 prohibió el porte y consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. ¿La política prohibicionista, así de absoluta como se plantea, es la solución definitiva al problema de las drogas?

Uno piensa que la libertad es un tema que no se discute y que el autoritarismo es un régimen que descansa en las páginas de la historia universal. La Constitución Política de 1991 invoca un país libertario y democrático, reconoce a Colombia como un estado social de derecho fundamentado en la dignidad humana, que tiene por función legislativa; dictar normas para regular el comportamiento de los individuos; función gubernamental; ejecutar las normas, y función judicial; juzgar y buscar solución a los conflictos. Y hasta aquí, cualquiera siente orgullo de semejante descripción de nación que a su desmedro no es más que una definición formal.

Como es del saber popular, el estado, se encuentra inhabilitado para dar sentido a la existencia de cada persona. Solo el individuo puede decidir sobre lo que desea y lo que no, siempre y cuando no invada la integridad del otro.

Sin embargo, parece que la premisa fue casi nula para el gobierno de Uribe que a lo largo de su periodo, manifestó interés por modificar, en este caso, algunas libertades como la dosis mínima, por lo que acudió al derecho penal para castigar a través de penas y sanciones, las acciones que transgredan las normas establecidas. Estamos hablando de una herramienta coercitiva del estado para erradicar la producción, el tráfico y consumo de drogas psicoactivas.

 Luz verde a la dosis personal

En la ley 30 de 1986, más conocida como el Estatuto Nacional de Estupefacientes, declara en el artículo 51 que toda persona que porte para su uso personal cualquier droga que produzca dependencia, será sancionado con cárcel hasta por 30 días la primera vez y la segunda, hasta por un año.

El artículo 51 fue declarado inexequible. La sentencia C221 de mayo de 1994 no califica como delito o falta, la dosis mínima. Por lo tanto:

“Es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de veinte (20) gramos; la de marihuana hachís la que no exceda de cinco (5) gramos; de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína la que no exceda de un (1) gramo, y de metacualona la que no exceda de dos (2) gramos.

No es dosis para uso personal, el estupefaciente que la persona lleve consigo, cuando tenga como fin su distribución o venta, cualquiera que sea su cantidad”[1].

La Corte Constitucional decidió por cuatro votos a favor y tres salvamentos de voto, inexequible el artículo 51 de la Ley 30 de 1986, lo que quiere decir que la dosis mínima se puede consumir. En este periodo, se alcanza un avance conceptual en materia de libertades y decisiones personales, pero su contenido no satisface las viejas figuras políticas, pronto habría de aparecer el discurso apasionado, tradicional y moralista tan bien recibido entre las mayorías.

Acto legislativo 285 de 2009: ¡Rendirse nunca. Retroceder jamás!

La primera vez que Uribe propuso esta iniciativa fue en la campaña por la reelección del 2006 al enfrentarse contra Carlos Gaviria presidente en ese entonces del Polo Democrático. Uribe por su parte, se sintió provocado ante la victoria de Gaviria, y prometió revertir la sentencia que había despenalizado la dosis personal, y al siguiente año presentó en tres ocasiones ante el Congreso de la República el mismo proyecto, y tres veces la prevalencia y valor del artículo 16 de la Constitución del 91, hizo fracasar la propuesta.

Dos días después de que la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia en Río de Janeiro liderada por César Gaviria, pidiera discutir la posibilidad de legalizar la droga y sus usos terapéuticos, volvió a debate el 13 de febrero del 2008 el proyecto presentado por Uribe, alcanzó a llegar a tercer debate pero a su pesar se hundió por falta de viabilidad.

Sin embargo, el que persevera alcanza, y en su sexto intento por modificar la ley, esta vez el ex presidente presentó el proyecto con tres objetivos específicos, el primero; modificar el artículo 49 de la constitución política, añadiendo los siguientes párrafos:

“El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica. Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. Por decisión de una instancia conformada por el sector de la salud y la rama judicial, estas medidas podrán estar acompañadas de limitaciones temporales al derecho a la libertad, y se harán efectivas en instituciones adaptadas para los fines propios de la prevención y la rehabilitación. Las limitaciones a la libertad que se llegaren a imponer, no implicarán de suyo la aplicación de penas de reclusión en establecimientos carcelarios.

Así mismo, el estado dedicará especial atención al enfermo dependiente o adicto, y a su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos”[2].

El segundo; garantizar el derecho a la salud puesto que es deber del individuo procurar cuidar de su salud y el de la comunidad, y cuando consume éste altera su salud, y el tercero; establecer medidas terapéuticas, pedagógicas y de prevención.

Atracción de lo prohibido en tres pasos

Confrontemos uno a uno los propósitos del proyecto. El objetivo número uno del acto legislativo prohíbe el consumo de sustancias estupefacientes, (droga no prescrita médicamente, que actúa sobre el sistema nervioso central produciendo dependencia)[3] sus ponentes creen que la disminución del consumo depende de la dosis mínima.

Veámos cuáles son los planteamientos que propone un pensamiento vanguardista que no funciona bajo una política prohibicionista sino que plantea un ejercicio político más pragmático que moral.

No vale la pena                                               

El acto legislativo 285 de 2009 tal y como está planteado va en contra vía del artículo 16 de la Constitución política de 1991, por el cual: “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad”[4]. Es así de simple. En pocas palabras, yo soy quien decido por lo que deseo o no.

La norma de normas reconoce la libertad y la autonomía del individuo para que este desarrolle lo que a su parecer crea conveniente. De no ser así, decidir por ella es arrebatarle brutalmente su condición ética, reducirla a la condición de objeto, cosificarla, convertirla en medio para los fines que por fuera de ella se eligen.

Es tal el valor de esta tesis que en los últimos 15 años era posible consumir la dosis mínima, parafraseando a Carlos Gaviria, magistrado ponente en ese entonces de la Sentencia 221 de 1994, no se permite una dosis mínima para que la gente consuma más, sino para que la gente por sí misma sepa cuáles son los daños de su consumo.

Un pensamiento vanguardista para un país que piensa que el desarrollo nace de las buenas infraestructuras y no de las superestructuras, que piensa que modernidad y vanguardia es colgar un plasma de 52 pulgadas en la sala de su casa y no una versión crítica y concienzuda sobre el estado ético político de su país. Solo el artículo 16 de la Constitución puede coartar las intenciones del acto legislativo, sin embargo, no parece ser una razón suficiente y el proyecto continúa siendo presentado.

No lo haga

En esta propuesta se establece que “para las personas que consuman. Por decisión de una instancia conformada por el sector de la salud y la rama judicial, estas medidas podrán estar acompañadas de limitaciones temporales al derecho a la libertad, y se harán efectivas en instituciones adaptadas para los fines propios de la prevención y la rehabilitación. Las limitaciones a la libertad que se llegaren a imponer, no implicarán de suyo la aplicación de penas de reclusión en establecimientos carcelarios”[5].

El que se encuentre consumiendo, sea adicto o no, será privado de su libertad en “instituciones adaptadas” y no en cárceles. Ahora, de lograr saltar los conceptos legales establecidos en este sexto intento, ¿dónde están las instituciones adaptadas y el presupuesto para cubrir tratamientos largos, costosos y en general poco eficaces por el riesgo a recaer?

Según el Departamento Nacional de Planeación (PND) el presupuesto asignado para la salud en 2010 fue de 39.188.000.000[6] millones de pesos, este rubro es mínimo si lo comparamos con lo asignado al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército, al que le fue asignado 1.173.518.000.000[7] billones de pesos.

En comparación con lo destinado para la salud la cifra es una prueba lamentable, ojalá el expresidente, con el mismo ímpetu hubiera insistido para elevar el presupuesto en el sector de la salud o la educación.

Lo cierto, es que uno de los temas que aborda el acto legislativo es la Encuesta nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes de 10 a 24 años, donde una de las más importantes conclusiones reveló que 140 mil personas[8] declaran haber consumido alguna droga ilícita[9] en el último año. Es decir, que tendrían 140 mil personas en cárceles con necesidad de tratamiento, cuando el gobierno nacional apenas tiene cobertura de un 2 por ciento de sus instituciones públicas para la atención a drogadictos, lo que quiere decir que solo podrían ofrecer atención para 2800 personas y sin embargo los lugares especializados para tratar a los consumidores no darían abasto con este número de personas.

Recordemos además que las instituciones privadas ofrecen atención pero el costo de los tratamientos son elevados, de lo que se infiere que no todos podrán pagar por este servicio, que además no está incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS). Pregunto, cuáles son esas “instituciones adaptadas” de las que habla el acto legislativo, sino existe infraestructura suficiente y capacitada para atender siquiera al 2 por ciento de las personas.

¿Cómo lograron aprobar la penalización de la dosis mínima? Al perecer, bajo alguna dosis mágica porque el acto legislativo en esta instancia no es aceptable y tampoco viable, sería como sostener una mesa con tres patas y una de ellas vencida, además en ningúna parte se determina la creación de nuevas instituciones especializadas para ofrecer un tratamiento con la suficiente capacidad técnica en términos de infraestructura. Si el acto legislativo por lo menos indicara que se compromete a mejorar este punto, sus resultados a largo plazo serían distintos.

No le conviene

La dosis personal estuvo permitida en los últimos 15 años y el gobierno de turno presentó repetidos proyectos para declarar inexequible la sentencia 221 de 1994. En definitiva, logró la prohibición de la dosis mínima y todavía el eco de la política prohibicionista descansa en los recintos políticos del congreso, los dejó oliendo a mano dura y corazón fuerte, dejó convencido al público de que la lucha contra el narcotráfico iba lograr destacados y trascendentales resultados atacando la dosis mínima.

El diagnóstico: miopía política. En realidad esto no es más que un triunfo localizado que a fin de cuentas resulta irrelevante y efímero en el contexto global.

Ya mencionamos las razones más importantes por las que no funcionaría el acto legislativo. Ahora bien, el principal argumento consiste en afirmar que la solución eficaz al problema no es la prohibición al consumo de la dosis mínima sino políticas “duras”, igual de incisivas y pujantes contra los circuitos de producción y distribución que parecen inmortales en Colombia.

En el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), se demostró que si bien en Colombia continuaron las actividades de erradicación, el cultivo ilícito de América del Sur, corresponde en un 55 por ciento a nuestro país, el 29 por ciento al Perú y el 16 por ciento a Bolivia.[10]

Adicional a esto, la tesis principal del documento de la ONUDD no manifiesta la existencia de un mundo libre de drogas, por el contrario, habla de la estabilidad de este mercado y dice que más de 200 millones de individuos en el mundo, continua consumiendo drogas ilícitas y la producción de opio y cocaína es casi proporcional a la de hace 10 años, lo que indica a las claras que los esfuerzos han sido casi que en vano sobre este asunto.

Además, concluyó que el consumo en Estados Unidos disminuyó pero aumentó en otras regiones del mundo como Europa.

A mayor libertad mayor responsabilidad

Se propone entonces una salida pragmática que deje a un lado la moral y se concentre en lo real. Ya vimos en el caso particular de nuestro país que la política prohibicionista no ha funcionado por más guerra que se le ha declarado. Y que quede claro también, que no queremos un país fanático a los efectos de las drogas ilícitas, por el contrario, proponemos una salida que no piense en la prohibición como la solución, y traigo a colación el caso de Holanda, un país progresista en el tema de las drogas psicoactivas y donde actualmente es permitido consumir la dosis mínima. ¿Cómo funciona su política?

Hace más de 20 años Holanda ha mostrado una actitud única hacía el consumo de drogas psicoactivas. Marcel de Kort, coordinador de Política de Droga del Ministerio de Salud de éste país, presentó en Buenos Aires una jornada a cerca de las Políticas sobre Drogas en los Países Bajos, organizada por la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) de Argentina, donde explicó que no todo era permisividad, se trata de crear diseños políticos inteligentes para limitarlo sin tenerlo que judicializar.

“Separamos el mercado de la cannabis del de las drogas duras, y el consumo de cannabis en Holanda no aumentó en comparación con otros países”[11] refiriéndose al resultado de la estrategia por la cual el consumo personal es aceptado en ese país. La política está enfocada a la “reducción del daño”, es decir, comunicarle al consumidor cómo lo afecta la droga psicoactiva que va a consumir, y cómo pude reducir los riesgos. La información es divulgada por jóvenes que hacen las veces de agentes de prevención, su tarea es comunicar los riesgos y los daños del consumo en los lugares que es permitido consumir en cantidades limitadas y adicionalmente determinan pautas de salubridad, temperatura, provisión de agua y personal de salud.

Y concluyo con la respuesta que dió, Marcel de Kort, a la pregunta del periodista, Pedro Lipcovich, del diario argentino Página 12.

─ ¿Qué destacaría en cuanto a las políticas sobre drogas en Holanda?

El enfoque central no consiste sólo en prevenir el consumo de drogas sino en reducir el riesgo que el consumo implica, tanto para el consumidor como para su familia y la sociedad en general, lo que se denomina reducción del daño. Este es el objetivo oficial de la política holandesa.[12]

Por lo anterior, podemos decir que el problema no se soluciona prohibiendo sino diseñando una arquitectura cuidadosa que sin buscar cohibir, permite el consumo regulado sin vulnerar la autonomía de cada individuo. Aunque sean líneas muy delgadas las que se dibujan en este panorama, trataré de ilustrarlo con el siguiente ejemplo:

En Holanda existen los Coffe Shops, sólo en este lugar usted es libre de consumir lo que ellos denominan drogas suaves (marihuana), cómo lo regulan; no venden a menores de 16 años, no venden más de 30grs por persona al día, usted paga impuestos y en cada Coffe Shop se encuentra un agente de prevención que le explica cuales son los daños y los riesgos al consumir y si se quiere tener la licencia para  montar un Coffe Shop, se deben cumplir las limitantes anteriores.

Al permitir un libre consumo de drogas suaves las personas prefieren consumir las que son legales y así han reducido el consumo de drogas fuertes (cocaína, basuco).

En 1996 el Ministerio público de este país estableció un nuevo criterio que consistía en no vender bebidas alcohólicas dentro de estos lugares, como una forma de cuidado hacia el consumidor, por lo cual algunos empresarios decidieron cerrar sus locales y así el mercado se quedó con menos lugares legales para el consumo de drogas suaves.

Lo descrito en los últimos párrafos sugiere un nuevo diseño de prevención que permita entender que no se trata de imponer una acción sino de hacerla entender tan bien, que el individuo decida por sí mismo qué elige para su vida y qué no, desde un espacio único e inalienable, la libertad.

Las políticas deben encauzar sus esfuerzos por otros canales, unos más generales que sin provocar disidencias, se concentren en la aplicación de soluciones que no se han intentado, es momento de cambiar los estrategas y poner en marcha nuevas estrategias.

Es claro que aunque no existan respuestas fáciles ni soluciones rápidas, hay que revisar el problema de las drogas desde ángulos totalmente opuestos a los ya trabajados si se quiere cambiar el panorama de resultados infructuosos reseñados hasta la fecha, por lo tanto, se deben relegar las opciones draconianas cada vez más lejos de soluciones eficientes.

BIBLIOGRAFÍA

– Colombia. Acto legislativo 285 de 2009. Por el cual se reforma el artículo 49 de la Constitución Política. Del 15 de julio de 2009.

– 2008 Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Naciones Unidas.

PND.http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/SearchResults/tabid/37/Default.aspx?Search=PRESUPUESTO

-Colombia. Sentencia 221 de 1994. Consumo de estupefacientes no es infracción penal. Del 5 de mayo de 1994.

PRIETO, Botero Marcela. Medidas de prevención y limitación al consumo de drogas psicoactivas. Informe 2009. Boletín No. 125. Bogotá


[1] Ver, Sentencia C22 de Mayo de 1994. Magistrado ponente Dr. Carlos Gaviria.

[2] Ver, Acto Legislativo 285 de 2009. Ministro del Interior y de justicia; Fabio Valencia Cossio y Ministro de la Protección social; Diego Palacio Betancourt.

[3] Ver, Ley 30 de 1986. El estatuto Nacional de Estupefacientes.

[4] Ver, Constitución política de Colombia de 1991. Artículo 16.

[5] Ver, Acto Legislativo 285 de 2009. Ministro del Interior y de justicia; Fabio Valencia Cossio y Ministro de la Protección social; Diego Palacio Betancourt.

[7]Ver, Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Informe 2008. Consultado el 02/12/12

[8] Ver. Acto legislativo 285 de 2009. Ministro del Interior; Fabio Valencia Cossio y Ministro de salud; Diego Palacio Betancourt. “Encuesta nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes de 10 a 24 años”

[9] Incluye: Marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, metanfetamina, morfina, opio, LSC, hongos.

[10] Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Informe 2008.

[11] Ver, Diario Página 12. Receta holandesa para controlar las drogas. La tolerancia holandesa. Por Pedro Lipcovich.